Prohibición del Rubro 59 ¿Un avance en la lucha contra la trata de mujeres o una restricción a la libertad?

OPINION

El pasado 7 de julio, se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 936, cuyo objeto es prohibir en toda la República Argentina la publicación de avisos que promuevan la oferta sexual por cualquier medio.

Esta norma es de orden público, y complementa el marco legal creado por las leyes 26.364 -relativa a la Prevención y Sanción de la Trata de Personas- y la 26.485 -de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

La trata de personas se ha convertido en una nueva forma de esclavitud, que involucra el secuestro, engaño y violencia. Y actualmente se presenta como una de las actividades ilegales más lucrativas a nivel global. La mayor cantidad de víctimas son mujeres. Y es por ello que también se la considera como parte de la problemática de género, y resultado de la discriminación de sexo.

Ante esta realidad, crece la preocupación a nivel mundial: cada vez se hace más imperiosa la participación y colaboración de todos los gobiernos de los países de origen, tránsito y destino, para lograr soluciones reales, eficaces y definitivas.

En el marco de la presentación oficial del norma, la Presidente de la Nación, explicó la necesidad de adoptar medidas tendientes a eliminar todas las formas de violencia sexual y trata de personas, que violan los derechos humanos de las mujeres y las niñas, y son incompatibles con la dignidad y el valor del ser humano.

Este Decreto ilegaliza el denominado “Rubro 59”, que constituye una de más denigrantes discriminaciones contra la mujer, y que comprende a “todos aquellos avisos cuyo texto, haciendo referencia a actividades lícitas, resulten engañosos, teniendo por fin último la realización de alguna de las actividades vinculadas con el comercio sexual”.

El objetivo principal es “reducir todas aquellas prácticas o usos sociales que faciliten o dejen expedita la consecución de acciones que puedan ser tipificadas como trata de personas”: No se busca condenar a ninguna mujer, sino combatir a los medios que explotan por medio de la publicidad. Pues son un vehículo efectivo, o un eslabón necesario, para el delito de la trata de personas.  

Desde un comienzo esta medida ha generado una fuerte polémica. Para muchos se trata de una herramienta importante para continuar y reforzar la incansable lucha contra problemáticas tan graves como la trata de personas. Para otros, estaríamos ante un arma de doble filo: Si bien brinda protección a la trabajadora sexual, también podría verse afectado el sector de aquellas personas que eligen y deciden “vender su cuerpo” por este medio. Y no falta quien considera que el fin del rubro 59 es simplemente una maniobra ofensiva contra el Grupo Clarín.

Personalmente considero que el problema de la trata de mujeres excede ampliamente a las formas de publicidad. Pero esta respuesta institucional constituye un paso significativo dentro de este largo camino hacia su erradicación total.

Claro que debe entenderse como el comienzo de una política seria, concreta y sostenible, que permita crear y perpetrar las condiciones básicas para encarar este desafío. El Estado debe avanzar hacia la creación e implementación de  todo tipo de prácticas tendientes a asegurar su cumplimiento. De lo contrario, los resultados pueden ser muy pobres y la protección muy superficial y precaria.

Debemos comprender y asumir que la trata de personas es un delito que crece vertiginosamente. No existen soluciones fáciles. Por ello se requiere tenacidad; compromiso permanente. Sólo así podremos alcanzar diversas formas de prevenirlo y sancionarlo, así como de asistir y proteger a sus víctimas.

Es necesaria una respuesta inmediata. El respeto, la dignidad, y la vida misma de miles de mujeres y niñas está en juego.

Por Luciana Quaranta